Derecho laboral, convenios colectivos y el procedimiento negociador

Convenio colectivo, acuerdos laborales sobre la mesa

En este nuevo artículo queremos ayudar a comprender uno de los aspectos más relacionados con el derecho laboral y sus áreas de trabajo , el convenio colectivo y el procedimiento negociador.

Los convenios colectivos se definen como acuerdos entre empresarios y trabajadores o entre organizaciones que los representen. Los trabajadores pueden acudir a la huelga como medida de presión para que se firmen y se actualicen los contenidos contractuales de los convenios colectivos.

Los convenios colectivos son de diferente naturaleza según el ámbito en el que son competentes o según su contenido. Así, encontramos convenios colectivos que se refieren a su ámbito de eficacia, generales, para todos los trabajadores o empresarios que están dentro de su marco de aplicación; limitados, que sólo afectan a los trabajadores pertenecientes a determinados sindicatos que se han decidido por pactar el convenio en discusión.

Los convenios colectivos pueden competer también sólo a la actividad de una empresa o tener una mayor amplitud y abarcar territorios geográficos y administrativos, comarcas, municipios, comunidades autónomas o estados. En el orden de su contenido, podemos hablar de convenios colectivos que determinan las condiciones laborales de una colectividad en sus centros de trabajo, de pactos entre empresarios y trabajadores que tienen como finalidad resolver problemas en el desarrollo de la actividad productiva.

Pero no todos los trabajadores están legitimados dentro de los convenios colectivos para negociar ni siquiera en su nombre. El artículo 87 del vigente Estatuto de los Trabajadores determina que los actores con esta capacidad son los miembros del comité de empresa que toman decisiones conjuntamente, los delegados de personal y cada una de las representaciones sindicales. Por contra, el empresario puede negociar en su nombre o delegar esta tarea en otras personas previa información a los delegados sindicales.

En un ámbito superior a los de la empresa, los sindicatos con mayor representatividad en todo el Estado, según la legislación, son los que están capacitados para negociar por todos los trabajadores. En España los sindicatos de referencia son UGT y Comisiones Obreras.

En el ámbito de las Comunidades Autónomas, también los más representativos, pero que cuenten con al menos un 10% de representantes o delegados de empresa en los comités de empresa de ese entorno territorial. Siempre con referencia al ámbito de aplicación del convenio colectivo.

Por otro lado, la representación de las entidades empresariales tendrá derecho a sentarse en la negociación de los convenios colectivos si también están afiliados a ellas como mínimo un 10% de los empresarios del ámbito geográfico de referencia del acuerdo laboral.

Procedimiento negociador

La negociación colectiva es una forma del diálogo social y está considerado como un derecho fundamental básico de la libertad sindical. A nivel mundial, la negociación colectiva forma parte de los convenios 98 y 154 de los firmados bajo el amparo de la  Organización Internacional del Trabajo (OIT).

La negociación puede incluir todos los aspectos de las relaciones laborales, desde salarios, jornadas de trabajo, descansos, vacaciones a regímenes de despidos, concreción de categorías laborales, sistemas de promoción. Y aún más, también la definición del trabajo  de negociación de la representación legal de los trabajadores y la de los empresarios.

Los actores que están legitimados entre los trabajadores inician el proceso de negociación colectiva remitiendo a los representantes de los empresarios una solicitud por escrito para abrir negociaciones. Una copia de esta nota de comunicación se remite a las autoridades laborales que se corresponden con el ámbito territorial del acuerdo laboral.

Las negociaciones sólo se inician si la respuesta del empresariado representante es afirmativa. El empresariado podría negarse si hay defectos de forma, como la negociación de un convenio laboral que ya hubiera vencido. No obstante, la parte empresarial debe contestar por escrito y ofrecer su razonamiento para no negociar. Los convenios colectivos se acuerdan bajo los principios de buena fe.

Tras la firma de los convenios colectivo, éstos han de presentarse ante la autoridad laboral para que sean convenientemente registrados en el plazo legal de quince días desde la firma del documento del pacto.

Tras el registro, el convenio firmado se envía a un órgano público encargado del arbitraje, la conciliación y la mediación que es el que es competente. Una vez se haya cumplido cada una de estas formalidades legales, el convenio colectivo ha de ser publicado en el Boletín Oficial del Estado o, en su caso, en el de la comunidad autónoma o provincia de su ámbito geográfico.

La autoridad laboral es la encargada de supervisar la legitimidad de los acuerdos, ésto es, que se respeta la legalidad en vigor, de que no se lesiona a terceros o de que atañe a la jurisdicción en la que también es competente.

La duración de los convenios laborales se acuerda entre las partes. Finalizado su tiempo de vigencia, cualquiera de los miembros que forman parte de la representación legal de trabajadores y empresarios puede denunciar el final del convenio y pedir que se abra un nuevo periodo de negociación para actualizar el marco legal de relaciones laborales. Si no se denuncia el convenio finalizado, el convenio se prorrogará automáticamente un año más.

Las aplicaciones de los convenios se realizan bajo dos fórmulas, una es la adhesión, y la otra es la extensión. La adhesión significa una manera abreviada para la negociación colectiva. Cada una de las partes que discuten el convenio pueden adherirse a todo el articulado del convenio colectivo que está en vigor, entendiéndose que siempre y cuando no estén afectadas (las personas) por otros acuerdos. La autoridad competente es la encargada del registro del documento.

La fórmula de la extensión ofrece menos autonomía para ambas partes del convenio. Corresponde al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales o, en su caso al órgano del mismo nivel de las comunidades autónomas, la responsabilidad de llevar el articulado y las normas acordadas en un convenio colectivo a otras empresas y trabajadores del mismo sector o del mismo subsector.

Pero esta decisión no se puede tomar si no hay una petición formal, expresa y razonada por parte de cualquiera de los sindicatos o de las organizaciones empresariales vinculadas. Se trata de una medida encaminada a atender la protección de trabajadores o de empresas cuando no existe la posibilidad de suscribir un convenio por no haber actores legitimados para poderlo hacer.