LOPD Ley orgánica de protección de datos

¿En qué consiste la LOPD?

LOPD son las siglas de un acrónimo con el que se define la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, una ley española fundamental para proteger la identidad digital y, por extensión, la personal física de los ciudadanos.

LOPD - Ley orgánica de protección de datos

Se trata de un conjunto de disposiciones que regulan la gestión y el uso de los ficheros automatizados que guardan datos personales y que se orienta a proteger la defensa de la privacidad, la de las libertades y los de cada uno de los derechos civiles.

La LOPD marca las pautas con las que hay que seguirse los procesos de recogida de datos privados, el almacenamiento, su mantenimiento en las bases de datos y su transferencia a terceros.

El articulado de la ley recoge medidas de obligado cumplimiento para mantener la seguridad en los registros de ficheros automatizados, al tiempo que detalla los protocolos que han de seguir las entidades que gestionan su tratamiento, los criterios de aplicación de la tecnología destinada a esos fines y cada uno de los papeles que han de desempeñar las personas que son competentes en el manejo de datos personales.

Obligaciones legales

La notificación de los registros de los ficheros figuran entre las obligaciones legales de la ley, notificaciones que han de remitirse como una relación de ficheros catalogados a la Agencia de Protección de Datos. También es obligatorio implementar medidas de seguridad para salvaguardar los archivos en cada uno de los equipos en los que estén registrados. Cada fichero con su documento de seguridad. Una disposición legal más se refiere a cómo han de redactarse y darse publicidad a los contratos y a las cláusulas relacionadas con la política de protección de los datos almacenados.

Nivel de seguridad

La LOPD dispone que empresas y profesionales que gestionen datos personales han de mantener tres niveles de seguridad sobre los archivos comprometidos. Un primer nivel guarda relación con los datos de carácter personal, datos que han de darse de alta en la Agencia de Protección de Datos, éstos son la inmensa mayoría de los tramitados.

En un segundo nivel de seguridad están comprendidos los datos que manejan las entidades financieras. Entidades que han de nombrar a un responsable de seguridad de los datos. La ley incluye medidas mucho más restrictivas en torno la gestión de los archivos y sobre la autentificación de la identidad de las personas que pueden tramitar esos datos y registrarlos.

Un tercer nivel de seguridad estaría reservado a las entidades que acojan datos mucho más sensibles sobre minusvalías, sobre afiliaciones, entre las que se incluirían por ejemplo también las cuotas sindicales, pero también las orientaciones sexuales, las creencias religiosas, las de tipo ideológico o las de raza. En estos casos, sería obligatoria la cifra de los datos.

Inspecciones e infracciones

La LOPD incorpora una serie de artículos que relacionan sanciones por conductas que sean contrarias a sus normas. Infracciones que pueden ir desde multas leves de 600 euros a sanciones máximas de 600.000 euros. Por último, las inspecciones realizadas por la Agencia de Protección de Datos se pueden establecer, en unos casos, de oficio, y, en otros, tras una denuncia previa.

Tipos de divorcio, mutuo acuerdo, contencioso

Tipos de divorcio, cuando el entendimiento marca la diferencia

El divorcio en España ofrece dos modalidades diferentes, el que resulta de mutuo acuerdo entre los cónyuges y el que se denomina contencioso. El primero es rápido, económico y sencillo, la media para la conclusión del proceso viene a ser de dos meses, aunque en algunos juzgados puede llegar a prolongarse durante apenas una semana.

El divorcio contencioso supone más gastos, una duplicidad de las actuaciones documentales y una duración mayor como consecuencia de todo ello. Todo, porque entre ambas partes en litigio hay diferencias que hay que dirimir y practicar, además de  comprobar una serie de pruebas sobre las que se sustentan las alegaciones de las partes.

De mutuo acuerdo

El divorcio de mutuo acuerdo. Los fundamentos básicos para que se pueda proceder a este tipo de divorcio son los de que los dos cónyuges se hayan puesto de acuerdo en romper el vínculo matrimonial que los une y que se solicite en el juzgado en un periodo de por lo menos tres meses posterior a la celebración del matrimonio.

La solicitud que se ha de presentar se denomina ‘demanda de divorcio’ y se trata de un escrito que se dirige a la autoridad judicial en la que ambos piden formalmente deshacer el vínculo matrimonial. Esta petición la pueden realizar conjuntamente, o, en su caso, uno la presenta y el otro se adhiere posteriormente a ella. Es imprescindible que con la demanda de divorcio de mutuo acuerdo se articule una propuesta redactada que incluya un primer convenio regulador de ese divorcio.

El procedimiento de divorcio en este caso se inicia con la presentación ante el juzgado de los datos de referencia de los domicilios de los cónyuges o de la que ha sido la vivienda familiar. Los cónyuges han de comparecer con abogado y procurador, aunque la ley contempla que un mismo profesional pueda representar a ambos.

A continuación, y en el plazo de tres días, los cónyuges se han de presentar  en el juzgado competente para ratificar por separado el deseo de divorciarse y de avalar la conformidad con la letra del convenio. Si los cónyuges no ratifican el deseo de divorciarse, el documento se archivará y el proceso de divorcio se encaminará por la vía contenciosa.

Si hay ratificación en el deseo de divorciarse, el juez procederá a examinar el convenio regulador del mismo y evaluará si se ajusta a derecho. Ésto es, que no resulta lesivo para los hijos o que puede resultar de alguna manera perjudicial para cualquiera de los cónyuges.

Si el juez advierte que la relación va contra derecho o contra los intereses de cónyuges  o de terceros, los demandantes tienen el plazo de diez días para hacer una nueva propuesta de convenio de divorcio. Eso sí, con correcciones limitadas a los puntos en conflicto. Si se superara el plazo permitido, el juez tiene la facultad de proponer un convenio atendiendo a los intereses de la familia.

Se han de presentar documentos que acrediten, en su caso, algunas demandas del articulado del convenio, aunque también podrán presentarse testigos o efectuarse pruebas  periciales para dar fe de hechos concurrentes.

El juez podrá escuchar a los hijos, previo informe del ministerio fiscal, si son mayores de doce años. Este trámite se realizará de manera privada y siempre respetando el derecho a la intimidad de los hijos. Sea como sea, en los divorcios que son de mutuo acuerdo, en sólo una cantidad muy pequeña de ellos, el juez escucha a los menores. La finalidad es no provocar traumas a los hijos que resulten innecesarios.

Ocurrido ésto, el juez dicta sentencia si comprueba que se han seguido cada uno de los requisitos de la legalidad. En ese momento tiene efecto legal el divorcio.

Los cónyuges podrán, en la instancia correspondiente, recurrir la sentencia que impida el divorcio o cada uno de los términos del convenio que se ha propuesto. Cinco días son los habilitados para presentar el escrito de petición de recurso para el que se dispondrá de un plazo extra de veinte días.

Divorcio contencioso

La demanda de divorcio contencioso ha de presentarse también como mínimo tres meses después de haberse celebrado el enlace y al menos por uno de los cónyuges. En la demanda de divorcio se ha de incluir un proyecto de medidas que propone el demandante que inicia la causa de divorcio.

Antes de la demanda de divorcio, el demandante puede solicitar una serie de medidas provisionales. A partir de ahí, se inicia un juicio verbal que estará supeditado al contenido de la demanda de divorcio. La demanda, en cualquier caso, estará acompañada por la documentación que validará la situación de ambos cónyuges.

A la vista posterior ante el juez habrán de acudir ambos cónyuges, caso contrario, se considerarán que son admitidos cada uno de los hechos que alega la parte que ha comparecido. Los cónyuges tendrán que estar acompañados siempre de sus respectivos abogados o de sus procuradores.

En ese acto se verificarán o se practicarán las pruebas que acrediten los hechos alegados por ambos cónyuges. Caso de no poderse practicar en el momento de la vista, se procederá en un tiempo posterior debidamente señalado por el juez, dentro de los treinta días posteriores a la vista.

El juez recabará también un informe al ministerio fiscal en el caso de que haya hijos menores de edad, un trámite que se realizará privadamente si los hijos son mayores de doce años y presentan juicio suficiente, según indica la ley que también habrá de respetar la confidencialidad del acto.

Tras la prueba, se dará por concluida la vista y se dictará sentencia, bien acordando el divorcio o declarando el convenio sin efecto. Si se acuerda, se establecerán los regímenes de guardas, custodia, pensión, vivienda y de visitas. La sentencia del juez es recurrible y se deberá presentar la intención de recurrir en los cinco días posteriores a la oportuna notificación de la sentencia y ante el juez que la emitió.

Como en el caso de los divorcios de mutuo acuerdo, cualquiera de las partes que desee recurrir tiene veinte días para interponer un recurso razonado y fundamentado ante la Audiencia Provincial de Justicia competente que será la que resuelva en última instancia.

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