Juicios monitorios, una tabla de salvación para deudas menores

Los juicios monitorios están habilitados para quienes desean reclamar cantidades inferiores a 2.000 euros a empresas y a particulares. Los juicios monitorios no necesitan ni abogados ni procuradores que gestionen el curso del proceso. Para cantidades superiores, en cambio, sí es necesario abogado. El juicio monitorio se contempla tanto para los casos en los que el demandado, por el motivo que sea, no ha abonado la deuda, como en los casos en los que no proceda a su abono de forma voluntaria.

El procedimiento de juicio monitorio fue introducido en el ordenamiento procesal de España en el año 1999 con motivo de la reforma que se efectuó sobre la Ley de la Propiedad Horizontal. El procedimiento de juicio monitorio abrió una oportunidad histórica para facilitar las reclamaciones de las comunidades de propietarios por deudas de los propietarios por motivo de gastos generales no satisfechos.

Otra ley posterior, la de Enjuiciamiento Civil de 2000, hizo general el procedimiento de juicio monitorio a cualquier otro tipo de deuda de dinero, vencida, bien liquidada o exigible siempre y cuando no superara los 30.000 euros. Este límite máximo fue incrementado en 2009 hasta los 250.000 euros como consecuencia de la creación de la Nueva Oficina Judicial.

En 2011, se incorporaron otros procedimientos de la Unión Europea para garantizar la aplicación de los juicios monitorios en los casos de particulares y de escasas cuantías. La Ley de Enjuiciamiento Civil española regula en sus articulado el procedimiento monitorio, (artículos 812 al 818), siempre y cuando exista un documento previo que justifique la deuda y su reclamación ante los tribunales de justicia.

Una diferenciación muy clara entre los procesos de juicios monitorios de la Unión Europea y los españoles es el perfil documental. En el caso de los españoles es necesario acreditar que la deuda existe ofreciendo una serie de documentos que se consideran válidos. En el caso de los procedimientos monitorios de la mayor parte de los países de la Unión Europea resulta suficiente con comunicar que existe una deuda, sin documento que la demuestre. El motivo de que en España el proceso sea tan diferente es el de impedir que se abra causa por deudas sin fundamento y se entorpezca y se instrumentalice a la justicia, algo que precisamente este tipo de procedimientos busca evitar.

El objetivo de este procedimiento es llevar al terreno puramente administrativo a este tipo de enfrentamientos judiciales y hacer mucho por descargar a los jueces y a todo el aparato judicial de exceso de trabajo que puede bloquear su eficiencia.

Hay que tener en cuenta que el planteamiento de los juicios monitorios sin abogado se ajustan a las garantías de igualdad a la que están sometidos los procesos judiciales. Si una parte no solicita abogado, la otra tampoco estará obligada a ello, y, por tanto, no se podrá condenar, en ningún caso, al abono de las costas por la asistencia jurídica.

Las acreditaciones de las deudas se podrán efectuar ante los juzgados de la manera que sigue:

-Con documentos en cualquier soporte físico o forma que estén firmados por el deudor  y que contengan un sello, una marca o una señal física o de carácter electrónico que autentifique la aceptación o suministro del producto o servicio relacionado con la deuda.

-Con facturas, certificaciones, burofaxes, telegramas, albaranes de entrega o cualquier otro documento que se hayan creado unilateralmente y que sirvan para documentar fehacientemente deudas y créditos de los que se responsabiliza a la parte deudora.

No obstante, también se podrá acudir al proceso abierto mediante juicio monitorio en los casos de que:

-Se incorpore información veraz, añadida al documento de certificación de la deuda, de que ha existido una relación comercial prolongada en el tiempo y no ocasional.

-En el caso de comunidades de propietarios de inmuebles urbanos, cuando se acrediten deudas con certificaciones de impagos en relación a gastos comunes.

Nota importante: En estos procesos de juicios monitorios, sólo serán competencia los juzgados de primera instancia del domicilio de residencia del deudor. En el caso de que no se conociera ese lugar de residencia, será el de una localización en la que pueda ser requerido el deudor por el tribunal por el impago de la deuda.

Por lo que se refiere a los requerimientos de información contenidos en la solicitud de abrir causa por deudas con procedimiento monitorio, se han de completar los siguientes puntos:

-La identidad real del deudor sobre el que se desea abrir causa.

-Datos sobre los domicilios del deudor y de la persona que realiza la demanda. Domicilios en los que se pueda localizar a ambas partes.

-Especificación de la cuantía total de la deuda.

-Toda la documentación relacionada con la deuda tal y como se ha descrito anteriormente, facturas y demás.

Presentada toda la documentación y debidamente admitida a trámite, el deudor tendrá un plazo de veinte días para pagar la deuda, o, en su caso, oponerse a la misma.

A continuación, se abren diferentes opciones:

-Pago instantáneo. Que la persona o entidad reclamada abone las cantidades estipuladas, con lo que el proceso concluye y se archiva la causa.

-Que el reclamado no abone las cantidades a satisfacer ni explique en ningún caso el motivo de no hacerlo. En ese caso, la jurisdicción judicial dictará un auto de ejecución contra esa persona o esa entidad.

-Si el reclamado se opone a la satisfacción de las cantidades adeudadas, se ha de abrir un proceso denominado declarativo, que puede tener un carácter ordinario o verbal. Si se supera la cantidad de 2.000 euros, lo mismo, será necesaria la asistencia de un profesional de la justicia, un abogado y un procurador. Si es inferior o igual a esa cantidad, el juicio es verbal oyendo a ambas partes.

Una nota final: Los formularios con los que poder interponer una demanda con juicio monitorio se pueden encontrar en las sedes de los colegios de abogados, así como en las oficinas de información al ciudadano de las diferentes administraciones públicas españolas. Las personas con niveles de renta bajos pueden solicitar asistencia de letrado gratuita en los casos contemplados por la ley.